Aunque devastada por la inundación de 1802, la antigua villa de Reynosa no se despobló completamente al trasladarse los poderes municipales a las Lomas de San Antonio.
En este lugar permaneció una comunidad, que conservó inclusive en su entorno el ejido del pueblo, que precisamente en 1834 hubo que remedir, ya que sus mojoneras habían sido borradas por las aguas y causaba numerosas confusiones entre los propietarios asentados dentro de él, así como los dueños de las porciones colindantes y con la vecina misión de San Joaquín del Monte.
Para tal fin se contrató al licenciado y agrimensor Antonio Canales Rosillo, quien en el verano de 1836 comprobó que las porciones se empalmaban resultando una excedencia de 27 cordeladas, que para resolver sugirió que todos los propietarios cedieran una parte para ajustar los terrenos, o bien se expropiara parte de la misión. Con esa base, el ayuntamiento de Reynosa solicitó a la Junta Departamental la venta del antiguo ejido, apropiado ya por particulares, sin beneficio para la tesorería local, además por deberse los terrenos del señor Domínguez, correspondientes al ejido de la nueva villa por la banda izquierda del Bravo.
La Junta apoyó la solicitud y ordenó la venta del ejido, conforme a las leyes de colonización vigentes; por cuanto al terreno excedente, apoyó la sugerencia de expropiar parte de la misión.
El remate del ejido se hizo en almoneda pública; se pidió a Domínguez que justificara la cantidad de tierra cedida para cubrir su pago; y se ordenó que los vecinos ajustaran entre sí las 27 cordeladas de excedencia, respetándose la misión, porque el gobierno cambió de planes para estos terrenos.
En 1871, ante la pretensión de San Miguel de las Cuevas de erigirse en municipio o anexarse a Camargo, la Antigua Reynosa solicitó al Congreso local su propia elevación a cabecera municipal.
Para ello aseguró contar con 160 familias, con más de 800 habitantes, y bienes capaces de solventar los gastos municipales y tener disposición a contribuir al gasto común de la administración estatal. El Congreso dictaminó procedente la erección de la nueva municipalidad y ordenó el cumplimiento de varios requisitos, sugiriendo el nombre de “Reynosa Díaz”, en honor al general Porfirio Díaz, a quien se nombró también benemérito del estado, pero se reservó al ejecutivo estatal la facultad para ello.
Ante la impugnación de algunos diputados, se pidió conocer la opinión del ayuntamiento de Reynosa. Por tal motivo se introdujo una enmienda que mantuvo al Congreso en sesión permanente, hasta la expedición del decreto número 62 del 18 de junio de 1873, por medio del cual el gobierno delegó en el ayuntamiento de Reynosa los procedimientos para erigir la nueva villa, pero éste se resistió a cumplirlo apoyado en la vaguedad del decreto y lo inespecífico de los límites que tendría. Por el contrario, organizó un referéndum, pero prejuició los resultados, al declarar no ser válido que se revocaran los derechos jurisdiccionales de la municipalidad. Como era de esperarse, las Congregaciones de Charco Escondido y Los Anzaldúas se negaron a separarse de la cabecera municipal.
Por su negativa, el Congreso amonestó al ayuntamiento de Reynosa, al decir que se abstuviera de autorizar propuestas irrespetuosas, pero no estaba en sus funciones más que acatar las leyes, pues de lo contrario se le responsabilizaría de sus actos.
Enseguida el gobierno envió a Antonio L. Carvajal como comisionado ad hoc, pero las autoridades de Reynosa solicitaron la revocación del decreto número 62, como finalmente se hizo para no causar mayores problemas políticos. Desalentado su intento de autonomía, la Antigua Reynosa siguió inmersa en su ambiente rural que conserva hasta hoy en día, pero guardando celosamente el orgullo de haber sido el asiento primigenio de Reynosa.
